miércoles, 19 de marzo de 2008

LA PRECARIEDAD LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LAS POLITICAS SOCIALES DE LA V REPUBLICA

En Venezuela, ante la imperiosa necesidad de llevar a cabo los procesos de reconversión industrial, reducir costos directos relativos a la mano de obra, originando un incremento en las tasas de desocupados y el florecimiento de la economía informal del país, como forma de hacer frente al desempleo, en lo atinente a la conformación de este grupo social específicamente, en lo atinente al nivel educativo de la población informal, un alto grado son analfabetas o alcanza un nivel de educación básica y en comparación a los requerimientos laborales concernientes a la demanda de empleo, las empresas se inclinan a solicitar trabajadores, con un nivel de formación preferentemente técnico o universitario, que les permita adaptarse con rapidez a las exigencias de las actividades del sector moderno de servicios y a eventuales procesos de incorporación tecnológica.
En cuanto a las políticas para la generación de empleo, en los últimos diez años, se han concretizado reformas laborales y se han implementado programas sociales dirigidos a elevar el nivel de vida e inclusión de la población más vulnerable.
En la actual coyuntura social, política, económica y cultural venezolana la política social, está severamente marcada por medidas de inclusión social, sobre todo de la población marginada al sector productivo del país.
Como misión “Vuelvan Caras: “La misión de las misiones” el gobierno pretende transformar el modelo económico a un modelo de real economía social, incorporando a los ciudadanos, particularmente a los sectores excluidos en el desarrollo endógeno y sustentable, mediante la formación y el trabajo integral, hasta lograr una calidad de vida digna de todos. El cambio paradigmático que implica las misiones, complejiza el proceso de transformación social, por cuanto requieren de una mayor organización social que conlleve a la formación y generación de un liderazgo popular para alcanzar las metas de desarrollo pretendido por el gobierno.
Es necesario evaluar la naturaleza de estos programas y el grado de respuestas a los problemas de informalidad y precariedad observadas en el mercado laboral venezolano, pero debiendose tomar en cuenta algunos indicadores como lo son la edad, nivel de educación y regulaciones laborales y de seguridad social.
En Venezuela, se estudia las políticas sociales de la V República con mención especial a la “Misiones” proyecto clave de gestión social y desarrollo de “economía social” para la inclusión de sectores menos favorecidos al proceso productivo del país.
Las políticas de ajuste y estabilización llevadas a cabo durante las últimas dos décadas, en las cuales se aplicaron una serie de reformas con el fin de mejorar la capacidad productiva y mantener los equilibrios económicos, sin embargo ello ha influido en el sistema de relaciones de trabajo y en la concepción de protección al mismo.
Algunas experiencias en la Américalatina, perciben “notas de precariedad” en el propio contrato típico de trabajo, vinculados con la forma en que fijan los salarios, algunas reglamentaciones y dictámenes jurisprudenciales sobre tiempo extraordinario de trabajo y carencia de un ámbito adecuado de negociación de las condiciones de trabajo en general. Se pretendió controlar el aumento del desempleo y el número de trabajadores no registrados, promoviendo la utilización de formas contractuales, cuyas premisas se asentaban en el debilitamiento de los mecanismos de ingreso y egreso de los trabajadores de la empresa, a partir de las cuales se pretendía abandonar el paradigma de la relación salarial por tiempo indeterminado; sin embargo a esta normativa le siguieron otras leyes flexibilizadoras.
Contemplan una figura de tiempo parcial para aquellas relaciones laborales por tiempo indeterminado pactadas con una jornada inferior a los 2/3 tercios de la jornada habitual y el contrato de aprendizaje para jóvenes sin empleo entre 14 y 25 años, en los cuales no se establecía relación laboral y por ultimo la modalidad especial de fomento del empleo para trabajadores mayores de 40 años en la cual se reducían al 50% las contribuciones patronales y sin obligación a los empleadores al pago de indemnizaciones de antigüedad.

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